Ley electoral (José Luis Méndez Romeu)

Núñez Feijoo produce su serpiente de verano: la reducción del número de diputados al Parlamento de Galicia. Otros Gobiernos autonómicos populares anuncian que seguirán la misma senda. El Gobierno central anima el debate proponiendo reducir un tercio de los concejales existentes. La voluntad de los ciudadanos al elegir gobierno mediante sufragio secreto, está mediatizada por la circunscripción, disponiendo la Constitución que sea la provincia, y por la ley electoral que fija un número mínimo de diez diputados al Parlamento por provincia, dos al Congreso, así como un umbral mínimo de votos para entrar en el reparto de escaños según la llamada ley d´Hondt. En Galicia del 5%. En España, del 3%. Esas correcciones tienen efectos claros: en Galicia el Parlamento está reducido a tres grupos políticos. Las circunscripciones menos pobladas, Lugo y Ourense, están sobrerrepresentadas en detrimento de las más pobladas, Coruña y Pontevedra. Mejorar la representación de acuerdo con los resultados electorales siempre es una buena práctica. Ahondar en la discriminación no lo es. Feijóo, tal vez temeroso de los resultados, anuncia no sólo la reducción del número absoluto de diputados de 75 a 61, sino también el mantenimiento del cupo mínimo de diez por provincia. Así, si en la actualidad 40 diputados representan al territorio y 35 a la población, con la reforma 40 seguirían siendo territoriales y sólo 21 obedecerían al criterio demográfico. Ni asomo de un consenso sobre las reglas del juego político. Cambiar la circunscripción electoral exige cambiar la Constitución, algo relativamente fácil de ejecutar como conocimos el verano pasado. Otro camino, tortuoso legalmente, sería declarar Galicia como provincia única, eliminando al tiempo las Diputaciones Provinciales. Pero electoralmente tendría un efecto negativo, al distanciar todavía más a los elegidos de los electores, difuminando el perfil de los candidatos en favor de las siglas de Partido. En otros países las circunscripciones electorales son más pequeñas, unipersonales en el Reino Unido o mixtas en Alemania, facilitando la identificación entre diputados y ciudadanos. En cuanto a la minoración del número de Concejales tiene efecto sobre la representación, perjudicando a las formaciones minoritarias. Se habla de ahorro de coste y conviene saber de lo que hablamos. Si la deuda actual de España es del orden de tres billones de euros, la del total de instituciones locales es de 37000 millones, y la correspondiente a los ocho mil municipios que no son capitales de provincias, siete mil millones, esto es el 0´2 %. ¿ Y la incidencia del número de concejales en el gasto público?. Pues exactamente de 33 euros/año por ciudadano, según los datos del Ministerio de Hacienda de 2011, incluyendo aquí los cargos electos, sus cargas sociales así como el personal eventual (asesores, personal administrativo de los grupos, etc) de todos los ayuntamientos de España y Diputaciones. La demagogia de la derecha española está al desnudo. Menos representación política para que haya menos oportunidad de debatir sus políticas, menos igualdad de oportunidades en educación, menos equidad en sanidad y menos libertad a las mujeres. Un verdadero programa reformista hacia la involución social.